· Pie de foto: Fotografía: Oscar Guerrero · Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.

      Por Beatriz García / Amapola Periodismo

14 de mayo, 2022

Hace algunos años, Rosa, entonces una adolescente de 17 años, era una estudiante de preparatoria cuando compartió a su amiga el motivo de que se ausentara una semana de la escuela: interrumpió su embarazo . Proceso que vivió sola, por el temor al estigma, aun con el riesgo de muerte.

La joven, originaria de una comunidad nahua de Chilapa, tenía un novio y se embarazó.
Él la dejó sola en esto.
Sus padres no podían saberlo; seguramente querrían que se casara y tuviera al bebé, o la correrían de su casa y tendría que dejar la escuela.
Le huyó a todas esas posibilidades de su destino.

Se acercó a una tía, quien la acompañó con un médico que le practicó un aborto con pastillas.

      El proceso de expulsión del producto lo vivió sola, en un cuarto que rentaba en la cabecera de Chilapa, donde estudiaba.
Nadie más lo supo.
Estuvo encerrada por días retorciéndose del dolor.

Su amiga lo supo hasta después.
Rosa, como se decidió llamar a esta adolescente para guardar su identidad  se lo contó hasta que volvió a la escuela, después de que se recuperó.
Por fortuna pudo hacerlo.

      Guerrero y el contexto para la despenalización de aborto

Procesamientos legales, detenciones, muerte materna, problemas sicológicos, es el contexto de muchas mujeres en Guerrero porque la despenalización del aborto, aun cuando se discute en el Congreso local después de años de lucha feminista, es una garantía pendiente para ellas.

      En Guerrero se vive un momento crucial en pro de los derechos de las mujeres, la reforma al Código Penal de la entidad para la despenalización del aborto está en debate entre los diputados, lo que significa la gran posibilidad de resarcir una deuda de criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.

      El miércoles 4 de mayo, los diputados y las diputadas dieron la primera lectura de la iniciativa de reforma en el pleno del Congreso local, después de que el 12 de enero las diputadas morenistas Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez presentaron la propuesta legislativa de despenalizar el aborto.

      Este miércoles, darían la segunda lectura para proceder a la discusión y finalmente la votación que llevaría a la reforma del Código Penal, pero no ocurrió porque los diputados y las diputadas pospusieron la sesión, porque, al parecer, muchos de ellos no lograron llegar a la ciudad de Chilpancingo, donde está la sede legislativa, después que salieron a festejar el Día de las Madres.
Reagendaron la sesión para el siguiente martes 17 de mayo.

      Los motivos para que las mujeres decidan libremente sobre su vida y sus cuerpos son tantos, y los han repetido activistas, feministas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

      Quien sigue sin dar una postura clara sobre la despenalización del aborto es la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Ella se pronunció a favor del bienestar y del respeto de los derechos de las mujeres, y reprobó los matrimonios forzados que ocurrieron en la Montaña alta de Guerrero, de los cuales se supo el año pasado, pero nada de la discusión actual.

      La búsqueda de la despenalización ocurre en medio de dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, la última por agravio comparado, que evidencia la necesidad de homologar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar un riesgo para su salud.

      Hay otro indicador alarmante que también podría denotar el gran problema que se vive en el estado a causa de un aborto, provocado o espontáneo: la mortalidad materna.

      En este 2022 Guerrero en crecieron las cifras de mortalidad materna en comparación con 2021 y 2020, de acuerdo con los registros del Observatorio de Mortalidad Materna en México.

      Desde el inicio del año hasta la primera semana de mayo, que es el último registro que hace público el Observatorio de la situación en el país, han registrado 230 casos de mortalidad materna, y Guerrero ocupa el tercer lugar en ese registro de casos, con 16.

      Lee: México, el país con más embarazos adolescentes y mujeres desaparecidas en América Latina

En el 2021, durante el mismo rango de tiempo, el estado registró la mitad de casos de muerte materna, es decir, ocho, y un año antes, en el 2020, en el mismo lapso de tiempo contabilizaron sólo seis.

      De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) federal, quien emite un boletín semanal en el que muestra la estadística de muertes maternas en el país –cifras que coinciden con los del Observatorio–, precisa que las muertes maternas pueden ser por 16 causas, una de ellas es el aborto.
En ese listado esta causa ocupa el quinto sitio.

      Guerrero casi por tradición ha ocupado los primeros lugares en muertes maternas, situación siempre vinculada a la falta de acceso a la salud, pero poco vinculado al aborto como un derecho negado a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, lo que las lleva a practicarlo en condiciones insalubres.

      En la entidad no hay una estadística oficial sobre las muertes por aborto, sus causas y consecuencias, hasta ahora las han denunciado feministas organizadas en colectivos, porque son quienes acompañan a otras mujeres, muchas adolescentes y niñas, que se han practicado abortos o los han tenido espontáneos y enfrentaron procesamientos legales.

      Este miércoles, por ejemplo, la feminista Viridiana Gutiérrez Sotelo, en conferencia de prensa, expuso que en la última semana –mientras se debate la despenalización del aborto en Guerrero– llegaron a ella y otras feministas solicitudes de seis  mujeres, entre ellas dos menores de edad, para que les ayuden para acceder a la interrupción de su embarazo.

      En esta conferencia de prensa, las feministas alertaron que una de las violencias que está extremadamente ligada al aborto son las cifras crecientes de violencia sexual contra las mujeres en el estado.

      De acuerdo con el registro de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) que publican en su página web, sólo en el 2021 hubo 200 denuncias formales por abuso sexual.
Es importante insistir en que estos casos son sólo de las denuncias presentadas en los Ministerios Públicos.

      La criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo

La representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín, tiene claro el panorama de las mujeres que se enfrentan a un aborto por la causa que sea.

      Del 2010 al 2013, de acuerdo con los registros de la activista, es la época que supo de casos de mujeres sentenciadas por homicidios en razón de parentesco, es decir, por un aborto.

      Lee: María, la niña me’ phaa a quien la Secretaría de Salud de Guerrero intentó convencer de no abortar

Junto con otras activistas solicitaron, en ese entonces, a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República), que les dieran un informe de las mujeres que estaban en las cárceles detenidas y procesadas, para saber los delitos Se dieron cuenta que había detenidas por homicidio en razón de parentesco.

      Junto con la representante del entonces Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Silvia Castillo Salgado, la activista y sus compañeras también visitaron los reclusorios y se dieron cuenta que, además, sus procesos eran irregulares.

      Pidieron apoyo a las integrantes de la Asociación Civil de Guanajuato Las Libres, quienes lograron la libertad de algunas mujeres que estuvieron en una situación similar.
El abogado de ellas les colaboró para la liberación de cuatro mujeres detenidas por homicidio en razón de parentesco, dos de Chilpancingo y dos de Tlapa.

      Una de las mujeres se trata del caso emblemático de Adriana Manzanares, la me’phaa que estuvo presa durante siete años.
La habían condenado por 22 años, después de que fue golpeada por su esposo y como consecuencia sufrió un aborto.

      Garfias Marín, de manera personal, acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, solicita apoyo al Fondo María, que apoya a las mujeres que deciden abortar, que de acuerdo a los estudios socioeconómicos que toman vía telefónica costean sus pasajes, y también solicita apoyo a la organización Marie Stopes, una clínica de aborto legal y seguro en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal desde el 2007.

      “Se ha combinado la cuestión de la pobreza (motivo de la práctica del aborto), la otra ha sido de manera de voluntaria deciden interrumpir su embarazo, como no han tenido los recursos para pagar a un médico particular quienes cobran 20, 25, 30,000 pesos.
Las han apoyado (organizaciones como Fondo María) con el pasaje y un familiar que les acompaña”, precisó la feminista.

      Dos violaciones sexuales y dos embarazos

En el 2012, una niña de una comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, fue violada por su tío y quedó embarazada.
Estaba por cumplir los 12 años.

La madre de la menor la llevó a la Agencia del Ministerio Público (MP) para interponer la denuncia.
En el MP la mamá solicitó le concedieran la interrupción del embarazo a su hija, quien tenía apenas dos meses de gestación, porque, además de que era una niña abusada, tenía un problema de desnutrición.
El riesgo para su salud era mayor, pero les negaron esa posibilidad y la menor siguió con el embarazo.

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Un día sintió la necesidad de ir al baño y tuvo un aborto espontáneo.

      Después de un año y medio, contó la activista, la niña sufrió otra violación sexual por otro tío, también hermano de su papá.
Ahora su madre se negó a interponer la denuncia, porque la primera vez no les hicieron caso, nadie fue detenido.

La menor quedó embarazada otra vez, pero ahora sus padres la corrieron de su casa.
Se refugió en casa de Garfias Marín con apoyo de Silvia Castillo, otra activista.

Tampoco interrumpió su embarazo.
La niña parió a su bebé en casa de la activista que la acompañó en todo el proceso personal y legal, pero la madre de la menor llegó hasta ahí y se la llevó a la fuerza junto con el bebé.
Garfias Marín no volvió a saber de la menor y de su hijo.

En el tiempo que estuvo la niña con su bebé, ella se negó a verle la cara y a amamantarlo.

      Los últimos dos acompañamientos que ha dado Garfias Marín son del año pasado, a dos mujeres que solicitaron su apoyo para interrumpir su embarazo.
Las canalizó a la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal, y monitoreó todo su proceso.

      Después de todo lo que ha visto, la activista consideró que es momento de sacar de la clandestinidad el derecho de las mujeres a decidir.
Es importante, mencionó, que las diputadas y los diputados tomen en cuenta que negarse a que se reforme el Código Penal para que las mujeres elijan, es abrir las posibilidades para que ellas continúen muriéndose.

      Despenalizar el aborto, aclaró, no obliga a las mujeres a abortar, significa que aquella que lo decide tendrá las condiciones de un aborto seguro y gratuito en un hospital.

      Mortalidad materna, menores de edad y aborto

La organización Raizubia da seguimiento puntual en el tema de mortalidad materna en Guerrero, aunque ahora las y los integrantes no tienen una estadística sobre la relación de los abortos y la mortalidad materna, sí tienen claro el panorama de esta relación.

      La secretaria general de la organización, Nayeli Rodríguez Flores, en entrevista, informó que los casos de muerte materna tienen una relación estrecha en el embarazo adolescente, como la muerte por aborto.

      La muerte materna por aborto, dijo, es más reincidente en mujeres jóvenes, en adolescentes, al mismo tiempo que se relaciona con otro fenómeno, el matrimonio infantil, una práctica que aun cuando no es de ahora, se visibilizó por casos públicos en la Montaña alta del estado a finales del año pasado.

      Rodríguez Flores ha acompañado a unas 10 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, también las canaliza a la Ciudad de México.
Consideró que algunos motivos de las mujeres para practicarse un aborto son la precaria situación económica y por asuntos psicológicos.

      Guerrero está en un momento histórico, precisó, donde los legisladores tienen la oportunidad de hacer historia y generar acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres y, sobre todo, para garantizar la reducción de la violencia de género.

      La moneda está en el aire, el próximo miércoles se sabrá si en Guerrero por fin se despenaliza la interrupción del embarazo y, finalmente, a las mujeres se les otorga el derecho de decidir con libertad sobre sus cuerpos.

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