Skip to main content Especialistas alertan que un cambio en territorio estadounidense sobre este procedimiento “envalentona” a los movimientos contrarios al derecho en la región

      Manifestantes proaborto marcharon hacia el Capitolio desde el edificio de la Corte Suprema el 10 de mayo, en Washington.
Foto: TASOS KATOPODIS/AFP Mundo 14/05/2022 04:36 José Meléndez, corresponsal Actualizada 04:48 Guardando favorito.

San José. – La eventualidad de que Estados Unidos cierre el acceso al aborto podría empoderar a numerosos sectores de América Latina y el Caribe que optaron por oponerse a la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia y clamaron por regresar a las leyes prohibitivas en los países de la zona que autorizaron la prác tica bajo determinadas circunstancias.

El panorama hemisférico está pendiente de lo que pase en EU.
Un documento de la Corte Suprema de Justicia de EU que trascendió este mes anticipó la posibilidad de que un histórico fallo de 1973, que legalizó el aborto en ese país, sea revocado e impida a millones de mujeres acceder legalmen te a ese mecanismo científico.

      Especialistas latinoamericanos consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que, de concretarse la prohibición en EU, las fuerzas antiaborto de la zona ganarían influencia y poder para reimpulsar sus políticas.

      “Lo de EU es grave: un terrible precedente”, alertó la abogada colombiana Cristina Rosero, asesora legal de la sede regional en Bogotá del (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor de derechos humanos.

      “Pone en el radar la importancia de defender los derechos reproductivos y los de las mujeres: eventualmente pueden existir intentos de retrocesos”, explicó.

      Al recordar que en América Latina y el Caribe hubo avances con nuevas leyes que permiten el aborto bajo varios requisitos, adujo que “lo principal es no dar marcha atrás y que esto s reconocimientos sean protegidos y se mantengan, para que las mujeres no vuelvan a pasar por una situación en la que su autonomía sea desconocida y enfrenten nuevamente la prohibi ción”.

      Para la salvadoreña Morena Herrera, jerarca de la (no estatal) Asociación de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto, de San Salvador, “estas voces ya han existido en América Latina y el Caribe.
Va a ser muy duro si EU aprueba esta medida, pero se fortalecerá la lucha por los derechos sexuales y r eproductivos y al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.

      “Penalizar y prohibir el aborto abren el camino de la criminalización, del encarcelamiento y de otras consecuencias.
En El Salvador sabemos lo duro de la criminalización”, dijo.

      En el estudio “Del hospital a la cárcel”, la Asociación registró que, de 2010 a 2019, hubo 181 mujeres en El Salvador encausados por homicidio agravado por interrumpir el embarazo, aunque tampoco todas fueron encarceladas o condenadas a prisión.

 “Logramos la libertad de 64, pero siguen las denuncias de los hospitales.
A hoy quedan cuatro con sentencias firmes, una a 15 años y las otras tres a 30.
Quizás mañana haya otra condenada.
Estamos en un esfuerzo por liberarlas a todas”, informó.

Panorama

El escenario en América Latina es variado.
Los prohibicionistas totales con penalización son El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana, Surinam y Jamaica.

La interrupción es legal en Colombia, Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana.

      Perú, Costa Rica, Bahamas, Granada, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves lo permiten solo para preservar la vida de la mujer.
En ese bloque están Bolivia y Santa Lucía, que i ncluyen salud mental, violación e incesto y deterioro fetal y de la mujer, y Ecuador para preservar la salud de la madre y otros motivos.

      Belice, Barbados y San Vicente y Las Granadinas lo autorizan por salud de la madre o del feto, violación e incesto y asuntos socioeconómicos y culturales.

      México lo mantiene ilegal excepto por salvar a la mujer, violación y deterioro fetal y con variantes por estados.
A esa condición se suman Panamá, por salud de la mujer, violación y dete rioro fetal y con autorización o notificación de los padres, y Brasil, por salud de la madre, violación y causas adicionales.

      También están Chile, por deterioro fetal y de la mujer y violación, y Venezuela, Guatemala, Paraguay, Dominica, Antigua y Barbuda por salud de la madre.

      “Mundo para atrás”

La médica feminista argentina Mabel Bianco, presidenta de la (no estatal) Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, de Buenos Aires, puntualizó que lo que ocurre en EU “es un reflejo de cómo los grupos conservador es quieren volver el mundo para atrás.
Son minoritarios pero poderosos (…) con las posiciones más retrógradas” y con “fuerte” con capacidad financiera.

      “Desde EU están sosteniendo económica e intelectualmente, brindando argumentos, a los movimientos en América Latina y el Caribe” que se oponen al aborto en cualquier circunstancia, aseveró.

      “Vienen actuando en la región hace muchos años y bajo el falso argumento de defensa de la vida… atacan la vida: no son personas santas y usan su poder con violencia contra profesio nales y personal de clínicas en donde hay abortos, pero también donde se informa a las mujeres de sus derechos”, agregó.

      A criterio del abogado, politólogo y ex guerrillero izquierdista salvadoreño Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), colectivo (no estatal) de El Salvador de defensa de derechos humanos, el retroceso en EU “es peligroso” por su impacto interamericano.

      El cambio favorece “a los sectores ultraconservadores y a gobiernos sin capacidad ni valentía” para defender la salud de las mujeres que “buscan justicia al sufrir abortos por comp licaciones obstétricas” y fueron sometidas a procesos penales, alegó.

      En opinión de la hondureña Regina Fonseca, directora de Incidencia Política Internacional del (no estatal) Centro de Derechos de la Mujer, de Honduras, “los grupos fundamentalistas y de anti—derechos de las mujeres están ar ticulados”.

      “El proceso regresivo en EU empodera a las organizaciones anti—derechos de las mujeres que están esparcidas en América Latina y el Caribe.
Los envalentona porque pueden manipular y, si en EU se aprueba el cambio, decir que hay que seguir a EU para regresar a la lógica del respeto a la vida desde la concepción”, destacó.

      Con énfasis, concluyó: “Ninguna ley penaliza alguna decisión masculina, pero a nosotras si se nos penaliza por interrumpir un embarazo.
Por eso hay discriminación”.

      Regina Fonseca Directora de Incidencia Política Internacional del (no estatal) Centro de Derechos de la Mujer “El proceso regresivo en EU empodera a las organizaciones antiderechos de las mujeres que están esparcidas en América Latina y el Caribe”

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